El Grupo Popular presentó el pasado 19 de noviembre de 2020 en el Parlamento Gallego una Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, y ésta fue aprobada por el pleno el 9 de diciembre de 2020.
Esta modificación endurece, para la región de Galicia, las medidas represivas ya establecidas por el estado, convirtiendo al personal sanitario en figuras de autoridad con potestad de imponerte un tratamiento o una prueba diagnóstica, imponiendo la vacunación obligatoria y aumentando las multas para quienes cometan «faltas», como ir sin mascarilla, entre otras medidas. Además, contempla la construcción o acondicionamiento de centros de internamiento, no sólo para las personas enfermas que hayan dado positivo, sino que deja un margen muy amplio (asintomáticos, quienes hayan estado en contacto con un positivo, etc.) para encerrar a quienes las autoridades sanitarias consideren que suponen «un peligro para la salud pública».
No sin razón, en círculos militantes ya está refiriéndose a esta disposición como la Ley Auschwitz.
Habla sobre ello la doctora Natalia Prego.
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